Consulta a FFAA sobre reforma constitucional alarma a activistas salvadoreños

San Salvador, 2 feb (EFE), (Imágenes: Vladimir Chicas).- Una consulta hecha a los altos mandos del Ejército de El Salvador sobre la reforma constitucional que prepara un equipo encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa encendió las alarmas entre los activistas de derechos humanos, que ven una "participación de facto" en asuntos políticos, lo que los uniformados tienen vedado desde 1992.

Uno de los puntos medulares que permitieron poner fin a doce años de guerra civil (1980-1992) en el país centroamericano fue la reforma que sometió el poder militar al civil.

Desde que finalizó el conflicto armado, las Fuerzas Armadas se habían mantenido al margen de los asuntos políticos, salvo en algunas excepciones.

Los defensores de derechos humanos subrayan que este gesto, el de consultar a los jefes castrenses sobre el papel del Ejército establecido en la actual Constitución, se da en medio una exaltación de los militares desde el Gobierno presidido por el presidente Nayib Bukele.

El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, reconoció en la reunión, sostenida recientemente en la que también participaron otros altos mandos militares, que "es la primera vez" que se consulta al Ejército.

"PARTICIPACIÓN DE FACTO" EN POLÍTICA

Para Celia Medrano, candidata a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "no ha sido adecuado" que esta comisión, formada por autorización del presidente Bukele, "convocara a mandos militares y al ministro de Defensa".

"Al recibir una invitación de esa naturaleza, el ministro de Defensa debió declinar la misma" y "el resultado ha sido una acción política de mandos militares en la que piden cambiar la prohibición constitucional de involucrarse en política", aseguró Medrano en declaraciones a Efe.

Indicó que el ministro Merino debió excusarse por lo señalado en el artículo 211 de la Constitución, que estipula que la Fuerza Armada es "apolítica y no deliberante".

"No pueden discutir ni opinar en asuntos que corresponden a los órganos del Estado, como el régimen constitucional, el orden jurídico o los problemas políticos nacionales", subrayó.

Agregó que el uso de soldados en la entrega de paquetes alimenticios en el marco de la pandemia de la covid-19 se puede considerar como una participación de "facto de militares activos en asuntos políticos".

CONTRARIO A LOS ACUERDOS DE PAZ

Para Noah Bullock, director ejecutivo de la organización humanitaria Cristosal, la consulta fue "contraria a la letra y espíritu de los Acuerdos de Paz".

"No está claro porqué las Fuerzas Armadas están siendo consultadas sobre reformas constitucionales cuando su rol se limita a la seguridad nacional", indicó a Efe.

Agregó que "cualquier intento de ampliar la participación de la Fuerza Armada en la vida política nacional sería contraria a la consolidación de la paz y democracia del país".

Por su parte, Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, manifestó que el ministro Merino puede opinar "con toda propiedad" del funcionamiento de la Fuerza Armada, pero "donde no puede opinar es del rol constitucional" del cuerpo castrense.

"Opinar sobre el alcance de una reforma constitucional pone el rol de las Fuerzas Armadas de nuevo en una acción política, porque la reforma constitucional es un acto político" y la comparecencia del ministro "sólo reafirma el carácter político que le ha dado el presidente de la República", sostuvo.

Para Escobar, el país "se pone en riesgo de que los militares puedan ir tomando más poder y control sobre el día a día de la política nacional y generar situaciones negativas para la población, sobre todo en su ejercicio de derechos".

POSTURA "INSTITUCIONAL"

El ministro Merino señaló recientemente que los puntos expresados en la reunión no eran de carácter personal, sino que "una postura institucional".

Señaló que por la prohibición constitucional de ejercer la política, "nosotros como militares con el uniforme hay veces que hasta nos cohibimos de actuar como un ciudadano normal por la misma naturaleza de la institución".

Señaló que el cargo de ministro de la Defensa puede ser ocupado por cualquier civil y que "él como civil puede pertenecer a un determinado partido".

Indicó que al "agregar" alguna aclaración a la Constitución, el ministro de la Defensa, en caso de ser militar, tendrá claro que existen "ciertos límites hasta donde él sí puede participar" en "actividades meramente políticas" y citó como ejemplo la presentación del presupuesto general de la nación ante el Congreso.

"Todo va con el propósito de mejorar el funcionamiento de la institución para cumplir con la misión primaria, que es la defensa de la soberanía" y "nuestro propósito es que, con lo que se le tenga que modificar a la Constitución, eso quede más sólido y que evite en un futuro problemas en la vida de nuestro país", manifestó Merino.

Una de las acciones más criticadas al Ejército es el acompañamiento que dio con agentes armados con fusiles de asalto al presidente el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa.

En esa fecha, el mandatario ingresó al recinto legislativo con policías y soldados para simular el inicio de una sesión, mientras su seguidores gritaban afuera "¡insurrección, insurrección, insurrección!".

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